Mercosur: el acuerdo que tensiona la mesa
Cuando el comercio decide el menú: quién gana y quién pierde cuando Europa abre la despensa.
Mercosur se abre a expandir la industria europea y pone contra las cuerdas al campo de Castilla y León. Entre la promesa de nuevos mercados y el miedo a una competencia desleal, el tratado reabre preguntas incómodas: ¿qué modelo alimentario está dispuesto a sostener Europa y quiénes son los ganadores y los perdedores?
Las tractoradas son una forma de hacerse oír cuando ya no quedan canales. En los últimos días, agricultores y ganaderos de Castilla y León han vuelto a ocupar carreteras y accesos estratégicos para mostrar su rechazo al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. No protestan contra la apertura al mundo ni contra el comercio internacional. Se rebelan contra lo que consideran una incoherencia estructural: producir bajo unas reglas estrictas para competir con productos que no las cumplen.
El acuerdo, que lleva más de veinticinco años negociándose, eliminará progresivamente los aranceles entre la UE y Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Afecta a 270 millones de consumidores y promete un ahorro de miles de millones de euros anuales para las empresas europeas. Para buena parte del campo, sin embargo, el balance es otro: más presión sobre los precios, más competencia desleal y menos margen para sobrevivir.
El campo como variable de ajuste
Castilla y León no es una excepción dentro del mapa agrario europeo, pero sí un caso especialmente sensible. Su economía rural yace sobre sectores que aparecen señalados como los más vulnerables al acuerdo: porcino, carne de vacuno, avicultura, cereales, maíz, remolacha y miel. Producciones base de un tejido productivo formado, en su mayoría, por explotaciones familiares.
Organizaciones como COAG y UPA llevan meses alertando del impacto que tendrá la entrada de productos sudamericanos con costes de producción mucho más bajos. La razón no es solo el clima o la escala, sino un marco normativo radicalmente distinto. En Mercosur siguen permitidas sustancias fitosanitarias, antibióticos como promotores del crecimiento o prácticas productivas prohibidas en la Unión Europea desde hace décadas.
El argumento del sector es sencillo: si a un agricultor europeo se le exige cumplir unas normas ambientales, sanitarias y de bienestar animal muy estrictas, importar productos que no las respetan rompe cualquier principio de competencia justa. De ahí la insistencia en las llamadas cláusulas espejo, que obligarían a los productos importados a cumplir las mismas reglas. El acuerdo no las incluye.
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Seis sectores en la diana
COAG ha puesto cifras y nombres propios al problema. Brasil es el cuarto productor mundial de porcino y su capacidad de exportación eclipsa cualquier comparación. Castilla y León produce alrededor de 650.000 toneladas anuales. Competir con un gigante que opera con costes más bajos y normativas sanitarias y ambientales más laxas no parece ser muy justo.
La carne de vacuno se enfrenta a un escenario similar. Argentina y Brasil lideran mundialmente en volumen, así como la influencia en los mercados internacionales. Para los ganaderos de la Comunidad, la entrada de contingentes de carne producida con hormonas de crecimiento o antibióticos prohibidos en la UE desde hace décadas tiene, en palabras de COAG, “un efecto demoledor”.
El maíz es otro de los puntos sensibles. Castilla y León produce en torno a 1,4 millones de toneladas. En los países de Mercosur se emplean tratamientos fitosanitarios vetados en Europa, lo que abarata costes y presiona los precios a la baja. El efecto arrastre puede alcanzar también a los cereales de invierno.
En la remolacha, cultivo históricamente estratégico en la Comunidad, el golpe puede ser irreversible. De producir 2,5 millones de toneladas se ha pasado a 1,3 millones en la última campaña. Brasil, potencia azucarera mundial, sustenta buena parte de su producción en caña de azúcar transgénica. La comparación vuelve a ser desigual.
La avicultura, con unas 142.000 toneladas anuales, y la apicultura completan el cuadro. En miel, el acuerdo establece un contingente inicial de 45.000 toneladas libres de arancel, que se introducirá de forma progresiva. Hoy la miel soporta un arancel del 17,3%. Para los apicultores, ya castigados por fraudes y mezclas de origen dudoso, es una amenaza directa a la viabilidad.
Quién gana con Mercosur
Reducir el debate a una oposición frontal sería incompleto. El acuerdo también tiene beneficiarios claros. España es una potencia exportadora agroalimentaria: cuarto exportador de alimentos de la UE y séptimo del mundo. Sectores como el aceite de oliva, el vino o las bebidas espirituosas verán cómo sus aranceles se reducen o desaparecen en plazos de entre cuatro y quince años.
Brasil concentra el 98 % de las exportaciones de Mercosur y es un mercado clave para el aceite de oliva español, que factura más de 100 millones de euros anuales en la zona. El vino, con aranceles de hasta el 35 %, también mejorará su posición competitiva. La industria pesquera, especialmente la del ultracongelado, y, sobre todo, la automovilística, figuran entre las grandes ganadoras del tratado.
El Gobierno español ha defendido el acuerdo en estos términos. Habla de oportunidades, de reforzar el papel de Europa en un contexto geopolítico incierto y de abrir mercados alternativos ante la creciente dificultad de exportar a Estados Unidos.
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El eslabón que no exporta
El problema es que no todos los actores de la cadena alimentaria juegan la misma partida. Exportar no es lo mismo que producir. La gran industria puede absorber mejor los cambios, diversificar mercados y ajustar costes. El agricultor y el ganadero venden en origen, con márgenes cada vez más estrechos y una capacidad de maniobra limitada.
Ahí es donde el acuerdo se vuelve especialmente conflictivo. Porque refuerza a los eslabones fuertes y debilita a los más frágiles. Y porque traslada al campo el coste de una estrategia comercial pensada para otros sectores.
Gastronomía en tierra de nadie
Este conflicto no es ajeno a la gastronomía. Al contrario. La cocina de territorio, la proximidad y el producto local se han convertido en discursos centrales en los últimos años. Pero esos discursos dependen de una realidad productiva que no es infinita ni inmune a las políticas comerciales.
¿Qué ocurre con la cocina de Castilla y León si el productor desaparece o deja de ser viable? ¿Qué significa hablar de identidad culinaria cuando la materia prima se decide en un tratado internacional? La gastronomía queda atrapada entre dos relatos: el de la excelencia y el territorio, y el de la competitividad global.
Muchos cocineros del medio rural expresan una sensación de abandono similar a la del campo. Normativas pensadas desde lo urbano, exigencias crecientes y poca capacidad de adaptación a realidades diversas. El acuerdo Mercosur añade una capa más de presión a un ecosistema ya frágil.
Soberanía alimentaria o precios bajos
El fondo del debate tiene que ver con la soberanía alimentaria, con la capacidad de Europa para decidir cómo produce y qué come. También con el Pacto Verde Europeo y con la coherencia entre los objetivos climáticos y las políticas comerciales.
Organizaciones ecologistas como Greenpeace denuncian que el acuerdo fomenta modelos intensivos asociados a la deforestación y al aumento de emisiones. El campo, por su parte, se pregunta qué sentido tiene exigir sostenibilidad puertas adentro y mirar hacia otro lado cuando se importa.
A este desequilibrio productivo se suma otro factor menos visible pero igual de decisivo: el control de las semillas. En buena parte de Mercosur, la expansión de tecnologías como CRISPR-Cas9 y el peso de grandes corporaciones como Monsanto —hoy integrada en Bayer— refuerzan un modelo agrícola cada vez más dependiente de patentes, paquetes tecnológicos y variedades diseñadas para la exportación, no para el territorio. Un escenario que acentúa la distancia entre el agricultor, sujeto a restricciones, y un mercado global que premia la escala y la estandarización.
Mercosur no va a hundir el campo europeo de un día para otro, pero puede acelerar un proceso ya en marcha: concentración, desaparición de explotaciones pequeñas y pérdida de tejido rural. Y con él, de una forma concreta de producir y de comer.
La pregunta no es si Europa debe comerciar con Mercosur. La pregunta es si está dispuesta a asumir las consecuencias sobre su propio sistema alimentario. Y si el precio de vender más coches, más destilados y más aceite merece sacrificar a quienes siguen trabajando la tierra.
